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LA E-JUSTICIA ES UNA REALIDAD PERO NO PARA TODOS.

La justicia digital puede ser una excelente plataforma para el acceso a la impartición de justicia y por ello, en México el Poder Judicial de la Federación inició la era de la E-Justicia. Sin embargo, esa justicia moderna y en especial durante tiempos de pandemia por COVID-19, no es para todos accesible.


El Consejo de la Judicatura Federal ha emitido una serie de acuerdos en pro de la continuación de la impartición de justicia de forma remota. El acuerdo relevante es el 12/2020 que “Regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo”. En avance a dicho acuerdo, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo

“Desde hoy tu Firma Electrónica Certificada (FIREL) al alcance de tu celular. En el Poder Judicial de la Federación avanzamos hacia una justicia ágil, moderna y más accesible en beneficio de los derechos humanos de todas las personas. Acciones no discursos. La e-justicia es una realidad.

Presidente y diversos tratados internacionales, pero así como la “E-Justicia” hoy es una realidad, otra verdad es que ésta no está al alcance de TODAS las personas y muchas veces las más necesitadas de justicia, son aquellas que no tienen acceso a equipos, internet y abogados con estas capacidades o conocimientos.


La “E-Justicia”, brinda posibilidades para agilizar la tramitación de justicia (como juicios de amparo, por mencionar alguno) y su esfuerzo de reactivación a través de una transformación y modernización resultó, para muchos, la luz en un oscuro panorama. El primer paso está dado y lo celebramos, sin embargo, debemos seguir con el esfuerzo para que esta sea una posibilidad para todos, pues cabe preguntar ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen a su alcance una computadora o teléfono inteligente o siquiera acceso a internet?


En nuestro país, existen muchos sectores vulnerables, que parece ser que seguirán sin la expedites que garantiza el artículo 17 constitucional y una tutela judicial efectiva; a ello se suma lo dispuesto por el artículo 10 del citado acuerdo 12/2020, que establece que: “En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo”.


Considerar que todas las personas tienen los mismos derechos y que en consecuencia todas ellas se benefician de las facilidades que el sistema judicial les brinda con su electronificación para que gocen de un acceso efectivo a la impartición de justicia es un error, pues evidentemente no todos gozan de las mismas capacidades y herramientas, por tanto considerar que la justicia digital es “...accesible en beneficio de los derechos humanos de todas las personas...” es una falacia que omite contemplar a grupos vulnerables que no tienen a su alcance la tecnología o simplemente no saben usarla.


Por tanto, la “E-Justicia” en México no está al alcance de todos los gobernados, no obstante, es una excelente opción a la impartición de justicia tradicional que bien implementada y practicada por todos los actores cambiará la forma en la que se demanda la participación del Estado para la solución de las controversias y la vulneración de las esferas jurídicas de las personas; en este contexto, el Estado debe seguir buscando formas para que tanto los métodos tradicionales y el electrónico puedan llegar a todos los rincones del territorio nacional y a todos sus gobernados.

Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, el 15 de julio de 2020, a través de redes sociales (oficiales)

emitió un comunicado que se hacía consistir en lo siguiente:

Vemos un Ministro preocupado por llevar al alcance de las personas la impartición de justicia como lo establece nuestra Carta Magna

Creemos que es un error limitar el reconocimiento únicamente a las firmas electrónicas a que se refiere el acuerdo 12/2020, en virtud de que las firmas electrónicas que proveen plataformas privadas con certificación PSC y con tecnología Blockchain, proveen de una seguridad mayor sobre la integridad y autenticidad del documento electrónico, que la firma autógrafa. Este es un obstáculo fácilmente remediable y congruente con los principios de progresividad, presunción de inocencia, buena fe procesal y equivalencia funcional que no impide la posibilidad de los justiciables y autoridades para impugnar en su caso la autenticidad de la firma o del documento. En el despacho hemos tenido una magnífica experiencia con la plataforma WeeSign (www.weesign.mx) 100% mexicana que se enfoca en revestir todas las exigencias que impone la normatividad vernácula y más.


De lo contrario encontramos una limitación al derecho fundamental de acceso a la justicia e incluso discriminación y trato desigual (al desigual), al cuestionar la autenticidad de documentos que no sean firmados con las firmas electrónicas avanzadas impuestas, pues bien podrían en todos los casos (y más atendiendo a esta pandemia) permitir que se firmen electrónicamente las promociones con firmas electrónicas simples, procurando lo que se pretende, el acceso a una justicia, imparcial, completa, pronta y expedita sin impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten excesivos y obstaculicen el fácil acceso a la justicia.



Maqueo Barnetche, Aguilar y Camarena, S.C.

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